jueves, 20 de diciembre de 2007

DENUNCIA CONTRA EL MUNICIPIO DE CHOLILA

20/12/2007
http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2007/12/18/p3397
Chubut: tierra barata para las multinacionales

Vista del Lago Lezana, en Cholila
lago lezanaEn octubre de 2006 el abogado esquelense Gustavo Macayo presentó una denuncia contra el municipio de Cholila, por haber vendido 61 hectáreas de tierras fiscales a dos sociedades en condiciones irregulares, violando distintos procedimientos normativos y entre ellos, "burlando la ley que impide a los extranjeros adquirir tierras en áreas cercanas a la frontera", de manera de beneficiar al empresario norteamericano Stephen Bussey, cuya mujer aparece como titular de ambas S.A. Macayo recientemente informó que la denuncia fue archivada el Ministerio Público Fiscal, "a pesar del cúmulo de pruebas, estar totalmente identificados los hechos y las personas involucradas". El abogado, que vive en Esquel y es profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia, impugnó la decisión ante el juez de Garantías, Dr. Jorge Criado, que ahora tiene que resolver la continuación o no de la investigación penal sobre los funcionarios involucrados, entre los que se encuentra el reelecto intendente Héctor Castro, radical devenido kirchnerista, y los integrantes del Concejo Deliberante, que ratificó la transferencia.

En diálogo con Prensa De Frente, Macayo explicó que la enajenación irregular de tierras a los empresarios extranjeros se da "al mismo tiempo que se ignora, omite o directamente se viola toda la legislación indígena vigente , ya sea provincial o nacional, con lo cual los territorios indígenas se están reduciendo en forma drástica, lo mismo la condición de vida de las Comunidades Mapuche-Tehuelches".

La venta de tierras denunciada se realizó en julio de 2004. La operación benefició a dos sociedades anónimas no registradas ante la Inspección General de Justicia, "y por lo tanto sin Personería Jurídica, y sin capacidad para contratar con nadie y a un precio absolutamente inferior al valor real de los predios. Una de las empresas (Cholila S.A.) obtuvo su personería jurídica tres meses después; la otra (Energética Lago Lezana S.A.) nunca terminó de realizar los trámites legales".

La documentación probatoria de este episodio salió a la luz a partir de un conflicto del empresario con las comunidades de Cholila, que con el patrocinio letrado de Macayo iniciaron un Amparo ambiental. "El amparo se tramitó ante la Justicia Civil de Esquel por los vecinos de Cholila en 2005 contra las mismas empresas, que habían embalsado el Lago Lezana, provocando inundación de las tierras, poblaciones y bosques nativos ribereños", relata el abogado. Las tierras que poco antes habían adquirido las empresas habían sido pagadas a un valor ridículo: $1.100 la hectárea, cuando las inmobiliarias consultadas las valúan entre los 5.000 y 8.000 dólares (entre 15.000 y 24.000 pesos la ha.).

“En el caso de Cholila, se vende tierra a dos sociedades anónimas que en realidad benefician a un extranjero, que no podría adquirirlas por la ley que les impide hacerlo en áreas de frontera, y negándoles el mismo derecho a los antiguos pobladores de que puedan agrandar sus pequeñas ocupaciones tradicionales, mejorando sus espacios de pastoreo o de agricultura, y por lo tanto, sus economías familiares. Es evidente que detrás de estas operaciones debe haber negociados o cosas así, sino no se puede entender". El abogado de Esquel considera que "ante los hechos descriptos, son aplicables las figuras previstas en el Código Penal de violación de los deberes de funcionario público, cohecho, falsedad ideológica y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Asimismo, teniendo en cuenta el precio notoriamente insignificante de la operación inmobiliaria, entiendo que se encuentra en juego lo dispuesto en el art. 174 inc. 5° del Código Penal (defraudación contra la Administración Pública)".

Al momento de describir el escenario más general en el que se dan estas operaciones, Macayo plantea que "existe una gran presión inmobiliaria en toda la Patagonia. Ni hablar donde hay bosques, ríos, lagos, etc. Esto se ha agudizado mucho en los últimos cuatro o cinco años, desde que el dólar tiene un gran poder adquisitivo. No existe ningún límite para adquirir tierras en cantidad y calidad. Al mismo tiempo, el gobierno elude permanente la posibilidad de entregarles títulos de propiedad comunitarios a los mapuche - tehuelches, así como reconocerles su existencia como Comunidades, y también hay un permanente silencio y denegación de sus derechos como Pueblos Originarios. Esto es crítico a nivel de la Administración Provincial y de los Municipios, ya que no existe ningún Instituto que se ocupe al menos de tener información pública accesible sobre las Comunidades existentes en la Provincia, y a partir de ello, que se pueda brindarles asistencia jurídica que les permita prevenir conflictos y violaciones a sus derechos”.

“Pero la situación también es grave al nivel del acceso a la justicia, donde se encuentran verdaderamente marginalizados y en una notable desigualdad de oportunidades respecto al resto de la población criolla o extranjera. Los pocos intentos de accionar judicialmente o de evitar atropellos que se sostienen, son generalmente a pulmón, y con muchas dificultades, porque el poder público y la sociedad predominante lo ven con muy malos ojos. Esto se ve reflejado en el desconocimiento y poco interés que existe por parte de los funcionarios judiciales en conocer y aplicar los Derechos Indígenas, salvo algunas excepciones que se dan en el ámbito de la Defensoría Pública, pero que no alcanza para cubrir la problemática, que es muy amplia y compleja".

Esta situación de injusticia contra los pobladores también se reflejó en el trámite de la denuncia, de acuerdo al relato del abogado. "En el invierno de 2005 el lago Lezana, que se encuentra en la zona de Cholila, comenzó a levantar inusualmente su nivel. Eso motivó la movilización de los vecinos ribereños. Allí descubrieron que los adquirentes de esas tierras habían represado el lago, cerrando la única salida que tiene, el Arroyo Lezana. En septiembre de 2005 se dio inicio al amparo con prueba anticipada, de donde surge a través de un Informe de la Inspección General de Justicia de Chubut (después de mucho insistir), que las empresas adquirentes de las tierras no tenían Personería Jurídica a la hora de contratar con el Municipio. El precio de la tierra surge de manera inmediata que es totalmente desajustado a la realidad".

"Cuando solicitamos al juez civil actuante en el amparo que le dé intervención a la Justicia Penal, por existir evidencias de la comisión de un delito contra la administración pública, el juez civil no hizo lugar al pedido. Una vecina había denunciado ante la Oficina Anticorrupción de Chubut, que depende del Ejecutivo Provincial pero la denuncia no prosperó. Ante esta situación, me vi en la necesidad de hacer la denuncia yo mismo, teniendo en cuenta que a raíz del Recurso de Amparo que ya estaba en curso, los vecinos de Cholila y Lago Lezana estaban sufriendo una dura represalia y persecución por parte de las autoridades del Municipio, incluyendo una denuncia penal por calumnias e injurias contra algunos de ellos, y podría generarles demasiada presión que iniciaran nuevas acciones. En octubre de 2006 presenté la denuncia por escrito, con abundante prueba documental certificada por el juzgado civil".

Consultado sobre el contexto en el que se dispone al venta, Macayo señala que "desde hace unos cuantos años (siete u ocho) se comenzaron a agrandar los ejidos urbanos de los pueblos a cuyo alrededor existen muchas tierras 'fiscales', es decir, sin titulares dominiales reconocidos. La intención es posibilitar que los Municipios puedan engrosar sus arcas vendiendo tierras que antes eran provinciales, sin las limitaciones que les impone la legislación vigente al Estado Provincial (cumplimiento del régimen de ocupación y mejoras, consulta y participación de los Pueblos Indígenas, etc.) ya que los Municipios no tienen que sujetarse a esa legislación, pudiendo hacerlo por sus propias ordenanzas municipales, las que generalmente tienen pocas exigencias y permiten la venta bastante discrecionalmente. Y sobre todo, hay mucho menos control externo e interno sobre estas operaciones. Esto ha hecho que en estos últimos tiempos los municipios de Chubut se hayan transformado en verdaderas inmobiliarias".

martes, 11 de diciembre de 2007

DENUNCIA PENAL POR VENTA IRREGULAR DE TIERRAS

Estimados amigos:
El día 10 de octubre de 2006 presenté una denuncia penal, con patrocinio letrado, ante el Ministerio Público Fiscal de Esquel, contra el Municipio de Cholila, por haber vendido 61 has. de tierras fiscales en julio de 2004, a dos sociedades anónimas no registradas ante la Inspección General de Justicia, y por lo tanto, sin Personería Jurídica, y sin capacidad para contratar con nadie; y a un precio absolutamente inferior al valor real de los predios: $1.100.- por hectárea. Una de las empresas (Cholila S.A.) obtuvo su personería jurídica tres meses después; la otra (Energética Lago Lezana S.A.) nunca terminó de realizar los trámites legales.
La denuncia, caratulada "Macayo, Gustavo Manuel s/denuncia" (Expte. 2611/06), fue acompañada por abundante prueba documental que también obra en el Amparo Ambiental, ("Levaggi c/Cholila S.A. s/Amparo") iniciado ante la Justicia Civil de Esquel por los vecinos de Cholila en 2005 contra las mismas empresas, que habían embalsado el Lago Lezana, provocando inundación de las tierras, poblaciones y bosques nativos ribereños. Además se había ofrecido prueba informativa para constatar el precio insignificante en que se había vendido la tierra: Las inmobiliarias consultadas valuaron la tierra en la suma de u$s 5.000.- a u$s 8.000.- por hectárea (entre $15.000 y $24.000.- por hectárea), y no los $1.100.- de la operación denunciada)
Pese a este cúmulo de pruebas, estar totalmente identificados los hechos y las personas involucradas, con fecha 20 de noviembre de 2007, (es decir, poco más de un año de haber radicado la denuncia), el Ministerio Público Fiscal me notificó que "se ha dispuesto el ARCHIVO de las actuaciones" y que "la venta de tierras fiscales así realizada a una sociedad anónima, no aparece como violatorio de normas municipales que rigen la materia", y que "corresponde se analice, evalúe, y en todo caso se impugne en el ámbito propio de la administración municipal".
El día viernes 7 de diciembre de este año presenté una impugnación a esta decisión del Ministerio Fiscal, ante el Juez de Garantías de Esquel, Dr. Jorge Criado, solicitando que revise la orden de archivar las actuaciones, la impugne, y ordene la continuación de la investigación penal al M.P.F.
Cabe señalar que esta operación de venta de tierras tambén burla la ley que impide a los extranjeros adquirir tierras en áreas cercanas a la frontera, ya que quien opera detrás de estas empresas (Sr. Stephen Bussey) es norteamericano. Al adquirirlas a nombre de Sociedades Anónimas se sortea la prohibición legal.
Sin pretender agotar las posibilidades de análisis que realice la Justicia, entiendo que son aplicables a los hechos descriptos, las figuras previstas en el Código Penal en los arts. 248 y ssgtes. (violación de los deberes de funcionario público); 256 (cohecho); 293, 298 y ccdtes. (falsedad ideológica); 265, (negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas). Asimismo, teniendo en cuenta el precio notoriamente insignificante de la operación inmobiliaria, entiendo que se encuentra en juego lo dispuesto en el art 174 inc. 5° del Código Penal (defraudación contra la Administración Pública).
En el caso que nos ocupa, al vender esta tierra fiscal (61 has.) a dos empresas no constituidas regularmente, a un precio tan reducido, se está negando igual derecho a los antiguos pobladores de la zona, que podrían haberse beneficiado en iguales condiciones acrecentando sus ocupaciones destinadas a pastoreo y/o agricultura.
El ejercicio de la acción penal, en los casos de delitos de acción pública, y con mayor razón, en delitos contra la administración pública, debe ser ejercida aún de oficio por el Ministerio Fiscal. Con mayor razón, cuando existe una denuncia con tantos elementos de prueba.
Espero que el Sr. Juez de Garantías rectifique esta desacertada decisión, que nos hace sentir la desagradable sensación que provoca la impunidad que ostentan algunos funcionarios públicos, y que afecta a toda la ciudadanía.
Se agradece alta difusión.
Gustavo Manuel Macayo
Abogado
Docente de la UNPAT - Esquel - Chubut

jueves, 6 de diciembre de 2007

Cinco años: los vecinos por el No a la Mina reeditarán mañana la tradicional marcha

lunes, diciembre 03, 2007

Cinco años: los vecinos por el No a la Mina reeditarán mañana la tradicional marcha


Por Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el No a la Mina

La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el No a la Mina invitó a la tradicional marcha contra los emprendimientos mineros que se realizará mañana 4 de diciembre, a las 18, desde la plaza San Martín de esta ciudad.

Así lo anunciaron hoy, en una conferencia de prensa brindada en ese paseo público, donde adelantaron que en esta oportunidad se seguirán conmemorando los cinco años de movilizaciones en contra de la actividad minera.

La Justicia de Esquel ordenó un nuevo reconocimiento judicial en el Lago Lezana


Por Gustavo Manuel Macayo

El día jueves 29 de noviembre del corriente a las 11 horas se llevó a cabo una audiencia convocada por el juez Civil de Esquel Claudio PETRIS, en el marco del Amparo Ambiental que paralizó hace cuatro meses el emprendimiento hidroeléctrico que intenta impulsar la empresa Cholila S.A. sobre el Lago Lezana y el Arroyo del mismo nombre en la zona de Cholila, Pcia. del Chubut.

Esta nueva audiencia se convocó en forma previa a resolver el pedido de recomposición del ambiente afectado por las obras no autorizadas, que forma parte del Amparo Judicial, y que si bien fue tomado en consideración por parte del juez en la sentencia de julio de este año, aún no ha sido resuelto.

La Empresa Cholila S.A. a través de su apoderado judicial, un abogado del foro local, alegó la imposibilidad de la empresa de intervenir en el área para la restitución del ambiente a su estado anterior, "por tratarse de un lago y un arroyo del dominio público, correspondiendo que lo hagan las autoridades ambientales de la provincia".

La representación de los vecinos de Cholila recordó que esta condición de 'bien público' no fue tenida en cuenta por la misma empresa cuando en 2005 intervino la cuenca sin autorización legal, represando el lago y alterando gravemente el curso del arroyo Lezana, único desagote del Lago Lezana, provocando fuertes impactos en las tierras de los ribereños, en el bosque nativo, y en general, afectando sin justificación un sistema de inigualable valor ecológico y de enorme fragilidad.

Después de escuchar a las partes, el Juez dispuso realizar un nuevo reconocimiento judicial en el área del lago Lezana, el día 20 de diciembre a las 12 hs., para evaluar las posibles medidas de remediación a ordenar, con citación a las autoridades de la Dirección de Protección Ambiental y de Recursos Hídricos de la Provincia del Chubut.

El reclamo actual de los vecinos de Cholila es que se permita la libre circulación del agua y el normal desagote del Lago Lezana, por el arroyo del mismo nombre, única salida del espejo de agua, retirando todos las obras y obstáculos que actualmente impiden la normal dinámica de la cuenca (retiro definitivo de la compuerta y obras complementarias, retiro del terraplén levantado entre el lago y la compuerta, y disminución del terraplén existente en la ribera del lago, retiro de materiales acumulados como ramas y otros) para que el movimiento natural del agua contribuya a la recuperación gradual del área degradada. Actualmente el arroyo Lezana no está corriendo, desde hace unos 8 meses, lo que también afecta los pobladores de aguas abajo que se beneficiaban con el curso de agua para la agricultura y ganadería.

Los vecinos de Cholila estuvieron en el hall del juzgado civil, en la planta baja de Tribunales, después de la audiencia, donde pudieron hablar con los medios locales de Esquel.

Se agradece amplia difusión, y agradeceremos a quienes puedan llegar hasta el Lago Lezana el 20 de diciembre, para seguir acompañando este proceso con la participación de los Vecinos de la Comarca.

Atte.

Gustavo Manuel Macayo
Abogado de la Amparista - Lago Lezana
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lunes, 3 de diciembre de 2007

CHUBUT: Amparo Lago Lezana: la justicia ordenó reconocimiento judicial 20 de diciembre

Estimados amigos: el día jueves 29 de noviembre del corriente a las 11 horas se llevó a cabo una audiencia convocada por el juez Civil de Esquel Claudio PETRIS, en el marco del Amparo Ambiental que paralizó hace cuatro meses el emprendimiento hidroeléctrico que intenta impulsar la empresa Cholila S.A. sobre el Lago Lezana y el Arroyo del mismo nombre en la zona de Cholila, Pcia. del Chubut.
Esta nueva audiencia se convocó en forma previa a resolver el pedido de recomposición del ambiente afectado por las obras no autorizadas, que forma parte del Amparo Judicial, y que si bien fue tomado en consideración por parte del juez en la sentencia de julio de este año, aún no ha sido resuelto.
La Empresa Cholila S.A. a través de su apoderado judicial, un abogado del foro local, alegó la imposibilidad de la empresa de intervenir en el área para la restitución del ambiente a su estado anterior, "por tratarse de un lago y un arroyo del dominio público, correspondiendo que lo hagan las autoridades ambientales de la provincia".
La representación de los vecinos de Cholila recordó que esta condición de 'bien público' no fue tenida en cuenta por la misma empresa cuando en 2005 intervino la cuenca sin autorización legal, represando el lago y alterando gravemente el curso del arroyo Lezana, único desagote del Lago Lezana, provocando fuertes impactos en las tierras de los ribereños, en el bosque nativo, y en general, afectando sin justificación un sistema de inigualable valor ecológico y de enorme fragilidad.
Después de escuchar a las partes, el Juez dispuso realizar un nuevo reconocimiento judicial en el área del lago Lezana, el día 20 de diciembre a las 12 hs., para evaluar las posibles medidas de remediación a ordenar, con citación a las autoridades de la Dirección de Protección Ambiental y de Recursos Hídricos de la Provincia del Chubut.
El reclamo actual de los vecinos de Cholila es que se permita la libre circulación del agua y el normal desagote del Lago Lezana, por el arroyo del mismo nombre, única salida del espejo de agua, retirando todos las obras y obstáculos que actualmente impiden la normal dinámica de la cuenca (retiro definitivo de la compuerta y obras complementarias, retiro del terraplén levantado entre el lago y la compuerta, y disminución del terraplén existente en la ribera del lago, retiro de materiales acumulados como ramas y otros) para que el movimiento natural del agua contribuya a la recuperación gradual del área degradada. Actualmente el arroyo Lezana no está corriendo, desde hace unos 8 meses, lo que también afecta los pobladores de aguas abajo que se beneficiaban con el curso de agua para la agricultura y ganadería.
Los vecinos de Cholila estuvieron en el hall del juzgado civil, en la planta baja de Tribunales, después de la audiencia, donde pudieron hablar con los medios locales de Esquel.
Se agradece amplia difusión, y agradeceremos a quienes puedan llegar hasta el Lago Lezana el 20 de diciembre, para seguir acompañando este proceso con la participación de los Vecinos de la Comarca.
Atte.
Gustavo Manuel Macayo
Abogado de la Amparista - Lago Lezana


Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!

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