miércoles, 30 de mayo de 2012

Esquel: docentes de la región presentaron un documento con 800 firmas contra la megaminería




Enviado por Corina Milán
Video: La Mara Producciones

Texto completo que elaboramos entre una gran cantidad de docentes de todos los niveles y que durante estos días se ha firmado en más de 50 instituciones educativas de Esquel, Trevelin, Aldea Escolar, Sierra Colorada, Lago Rosario, Gualjaina, etc. (aún se está firmando en varias que se siguen sumando) por aproximadamente 800 docentes.

Esta tarea de redacción y de recolección de firmas fue emprendida por el colectivo docente fuera de las estructuras gremiales, sin embargo se notificó e invitó a adherir a los sindicatos docentes y así lo hicieron SITRAED Y ATECH.

También se recibieron adhesiones de estudiantes agrupados en Centros de Estudiantes de los Institutos de Formación Docente y de establecimientos de educación secundaria de nuestra localidad. 

“EDUCAR PARA LA AUTODETERMINACIÓN: NUESTRO NO A LA MEGAMINERÍA”

 Los docentes de Esquel, Trevelin y la región abajo firmantes, en atención al rol social que desempeñamos en la comunidad y en consonancia con la reciente declaración de los pediatras de Esquel y la comarca, así como de otros colectivos que están comenzando a pronunciarse, consideramos necesario expresar nuestro firme rechazo ante la insistencia en la radicación del emprendimiento extractivo minero que es de público conocimiento. Rechazamos asimismo la presencia en nuestra comunidad de la empresa Minas Argentinas, fachada local de Yamana Gold, que no hace otra cosa que traer controversias sobre un tema que ya ha sido debatido y decidido por la sociedad esquelense.

Producto de ese profundo debate es la ordenanza 33/2003 que declara a Esquel “Municipio Ambiental y Sustentable” y prohíbe la actividad minera con uso de sustancias tóxicas y explosivos en nuestra localidad. A nivel provincial, por su parte, aquel debate y aquella movilización popular generaron la ley 5001, que impide la explotación minera a cielo abierto y con uso de cianuro en Chubut. Asimismo, el HCD de nuestra ciudad declaró, mediante la ordenanza 05/2004, el 23 de marzo de 2003 como “Día de la dignidad del pueblo de Esquel”.

Todo esto pone de manifiesto que nuestra comunidad, con la fuerza de una decisión colectiva incontrastable, ha decidido, con el 81 por ciento de los votos, no otorgar la licencia social para este tipo de saqueos; y además pretende sostenerlo mediante la conmemoración de esa consulta en las instituciones educativas de la localidad. Para ello, el HCD ha declarado de interés municipal el proyecto pedagógico “23 de marzo, Día de la dignidad del pueblo de Esquel”, por ordenanza Nº 68/2011. Dada la coyuntura que nos convoca nos parece oportuno recordar uno de los considerandos de dicha ordenanza que fuera aprobada de manera unánime: “Que resulta de vital importancia que la comunidad mantenga vivo el registro de uno de los momentos más significativos y controversiales de su historia reciente y pueda utilizarlo como antecedente insoslayable si se presentaran nuevas instancias de imposición de actividades que afecten sustancialmente el medio ambiente compartido y la vida de sus habitantes”.
Por otra parte, la ley provincial III-21 (ex ley N°4347), de “Protección integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia”, a la que el Estatuto Docente refiere para encuadrar nuestra labor, dice en su artículo 10, inciso e): “Asegurar que todos los sectores de la sociedad, los miembros de la familia, y en particular los niños y adolescentes, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición, las ventajas de la lactancia materna, la higiene, el saneamiento ambiental y todas las medidas de cuidado y prevención.” Y en su artículo 29: “En la educación de los niños y los adolescentes, el Estado, a través de los sistemas de enseñanza formal y no formal, deberá propiciar la construcción de valores basados en el respeto por los derechos humanos, por la pluralidad cultural, por la diversidad planteada por la discapacidad o desventaja, por el medio ambiente, por los recursos naturales y por los bienes sociales, preparándolos para asumir una vida responsable”.

Día a día insistimos en una sociedad más justa, con futuros ciudadanos que se manejen pacíficamente, en democracia, a favor de la vida y luchando por sus sueños y convicciones. Desde la educación inicial abordamos el cuidado de la naturaleza, el uso racional del agua y de la energía, el reciclaje; también valores fundamentales como la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el respeto por la diversidad;  o el derecho a la autodeterminación, asumiendo consecuencias y responsabilidades.  Luego, les enseñamos matemática, lengua, música, idiomas, ciencias naturales, ética, tecnología, plástica, teatro, ciencias sociales, geografía, historia, educación cívica con la firme convicción de que estamos educando para la vida. Por eso, debemos procurar coherencia entre aquello que enseñamos, el modo en que lo enseñamos y las prácticas de nuestra propia vida personal y social. 

Nos escuchan y nos miran los jóvenes y adultos que pueblan escuelas de todos los niveles, institutos y facultades. Los proyectos de vida que para muchos estaban vedados hace no tanto tiempo, son un horizonte posible. La universalización de la educación secundaria implica pensar un nuevo mundo del trabajo que es incompatible con una actividad como la megaminería por depredadora y extractiva, por su insostenibilidad intrínseca. Docentes y escuelas debemos demostrar a los estudiantes la ligazón entre palabra y acto, para evaluar cuánto de viable tiene lo que declamamos, siendo protagonistas en la construcción y defensa de las condiciones de materialidad que se ajusten al futuro simbólico que proponemos. Educar para la libertad del mañana requiere compromiso con la libertad hoy. Los docentes estamos atravesados por nuestra problemática socioambiental; en consecuencia, tenemos el derecho y el deber de asumir una postura clara y activa en defensa de los derechos humanos y la vida de la comunidad a la que pertenecemos y con la que interactuamos.

Sabemos que cuando una empresa transnacional se instala en una región, se instala también el intervencionismo. Su enorme poder económico comienza a tener injerencia en todas las actividades e incluso suplanta a las instituciones públicas. No es casual que en la propaganda minera lo primero de lo que se hable sea de proveer infraestructura (hospitales, escuelas, etc). Su influencia alcanza al poder político, a las fuerzas de seguridad, a los mecanismos de la justicia, y también, por supuesto, a la educación.
A fin de conseguir la licencia social y apoyadas en sus inmensos márgenes de ganancia, las empresas transnacionales, en connivencia con funcionarios que les son adictos, ocupan los roles de un Estado deliberadamente ausente y ponen recursos en actividades que puedan reportarles algún tipo de adhesión. Esta presión no requiere necesariamente del dinero, sino que se ejerce mediante la simple puesta en funcionamiento de sus relaciones políticas. 

Como docentes, sabemos que la instalación de esta actividad pone a merced de fuertes condicionamientos nuestra profesión y por tanto la educación de los alumnos. Cualquier influencia que provenga de los intereses rapaces de una empresa minera, sea por la asignación de fondos o mediante diversos tipos de mecanismos coercitivos, coartaría nuestra forma de educar, de aprender y de investigar. Vaya como ejemplo lo ocurrido con los manuales de Educación Ambiental presentados en abril de 2011 por el Ministerio de Educación de la Nación, en los cuales se explicaban los efectos devastadores que la megaminería produce en el medio ambiente y que no pudieron ser distribuidos en las escuelas debido a la acción del lobby minero.

Tanto docentes como alumnos -la comunidad educativa entera- nos veríamos restringidos para abordar ciertos temas, difundir determinado tipo de trabajos, investigar el impacto ambiental, social o económico de la megaminería o el comportamiento legal de las empresas transnacionales. ¿Cómo deberíamos enseñar en esa situación? ¿Mintiendo? ¿Sin fundamentos bibliográficos? Hoy nos avalan muchísimos autores, entre pedagogos, sociólogos, hidrogeólogos, geólogos, químicos, científicos de todos los tipos, con estudios a los que nuestros alumnos tienen la libertad de dirigirse para investigar. No sería ético comenzar a tergiversar este conocimiento; estaríamos avalando una sociedad futura irreflexiva, acrítica e ignorante.
Los docentes de todos los niveles educativos de la región queremos seguir enseñándoles a nuestros alumnos que ser integrantes de una república significa tener el derecho a la autodeterminación. Y frente a nuevos o viejos embates de cualquier persona o empresa interesada en saquear nuestra economía y nuestros bienes comunes, queremos tener la posibilidad de pararnos críticamente ante la realidad.
Queremos que en nuestros alumnos se siga creando la conciencia de que los representantes son eso, representantes y por lo tanto su trabajo es representarnos o irse; que no son jefes ni patrones; que sus compromisos partidarios no son más importantes que su obligación de representarnos, y que estar entre una empresa transnacional y el pueblo no es estar entre la espada y la pared, si se tiene conciencia cabal de que es al pueblo a quien se debe representar. 

Queremos seguir leyendo con ellos los derechos constitucionales que nos amparan en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que declara que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo”.
Queremos que nuestros alumnos sigan analizando las diferencias entre una actividad productiva y una actividad extractiva.

Queremos que nuestros alumnos sigan analizando el discurso político cuando intenta confundir la megaminería saqueadora con cualquier otro tipo de minería, o cuando da por sentada la necesidad de la extracción sin analizar el destino final de cada mineral, ni cuestionar en ningún momento el ritmo vertiginoso de consumo.

Queremos seguir analizando con nuestros alumnos y entre los docentes por qué una economía local, regional o nacional no puede depender de una sola actividad, mucho menos de una sola empresa, y mucho menos si esa actividad es por un tiempo limitado.

Queremos seguir analizando con nuestros alumnos cuáles son los roles de nuestros funcionarios, y su obligación de apoyar y generar emprendimientos verdaderamente productivos, que permitan a la comunidad crecer de manera sustentable y no quedar abandonada a los intereses transnacionales.
Queremos seguir investigando el funcionamiento del poder político, y analizar entonces por qué la actividad privada del secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, cuyos vínculos con la empresa Barrick Gold fueron denunciados por la diputada Fernanda Reyes, es incompatible con la función pública.
Queremos seguir debatiendo con nuestros alumnos el significado de la expresión “judicialización de la protesta social”.
Queremos seguir con la saludable costumbre de analizar discursos, para desmontar las mentiras de los empresarios cuando afirman, por poner un ejemplo entre tantos, que un emprendimiento será por galerías y que el material será lixiviado en otro lugar. Esta estrategia de fragmentación para burlar los cuestionamientos ambientales cambiando la escala y la envergadura de los megaproyectos ha sido prohibida incluso en Canadá.
Queremos analizar con nuestros colegas y alumnos la problemática socioambiental sin limitarla a dimensiones económicas y técnicas, sino vinculándola con los derechos humanos y el bienestar de las comunidades. Por lo tanto, debemos denunciar el avasallamiento a las pautas culturales de nuestra población cuando una empresa cambia el nombre de Esquel por el de Suyai, cuando ignora la voluntad y la idiosincrasia de sus pueblos originarios o cuando intenta lucrar y posicionarse a costa de su sufrimiento, como hemos visto a raíz de las consecuencias que ha tenido en la meseta la erupción del volcán Puyehue.
También queremos, y consideramos fundamental para nuestro trabajo, que existan centros de estudiantes y cogobiernos en nuestras universidades y colegios; y por lo tanto nuestros docentes deben tener la posibilidad de debatir con sus alumnos sin ningún tipo de condicionamiento corporativo.

Queremos que la educación siga siendo pública y gratuita, financiada en un 100% por el Estado, sin la injerencia presupuestaria de empresas y sin que dictaminen los contenidos que deben ser trabajados.
Queremos que el futuro de los estudiantes, docentes y escuelas no esté predeterminado sino que tenga la potencia de construirse colectivamente sin las imposiciones interesadas de estas empresas.
Queremos fortalecer el protagonismo ciudadano debatiendo la historia y construyendo el conocimiento necesario para identificar las políticas y a los sectores que promueven el pensamiento único y pretenden instalar la desesperanza erigiéndose como única salida para las comunidades.

Queremos involucrarnos en la construcción de caminos hacia un futuro colectivo y democrático, armónico con los DDHH y su plena vigencia, donde los proyectos comunitarios e individuales sean posibles.
Queremos que el extraordinario proceso de educación popular que la comunidad de Esquel generó y viene sosteniendo desde hace una década, ese proceso de difusión de información científica sobre megaminería que hizo punta en nuestro país y que es reconocido en todo el mundo, pueda tener su correlato en la educación escolar y pública de nuestra comunidad. Porque, como decía Paulo Freire: “Cuanto más crítico un grupo humano, tanto más democrático y permeable es.  Tanto más democrático cuanto más ligado a las condiciones de su circunstancia”. 

Y lo queremos porque concebimos un presente y un futuro en el que las dictaduras militares no sean remplazadas por dictaduras empresariales.

El video de la conferencia está disponible acá


Documento de las comunidades mapuche-tehuelche de la meseta




Las comunidades mapuche - tehuelche de la Meseta Centro Norte de la provincia del Chubut, en TRAWN cuyo significado implica el encontrarse, para conversar y acordar sobre temas que más preocupan y que nos ocupan como comunidades, nos volvemos a manifestar frente a las graves dificultades que estamos pasando por el avance de la megaminería, exigimos hacer valer nuestro derecho, a la consulta previa, libre e informada contemplada en el Convenio Nº 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU). Nos alerta la posible derogación de la Ley 5001, que prohíbe en toda la provincia del Chubut la explotación a cielo abierto de yacimientos metalíferos, con la utilización de tóxicos. Por ende, denunciamos la violación a esta Ley provincial por parte de las empresas multinacionales, que hace varios años se encuentran en nuestros territorios realizando exploraciones sin el consentimiento de las comunidades y los pobladores de la zona. Asimismo, manifestamos la completa ausencia del Estado provincial, dejando vía libre a las empresas mineras para realizar sus proyectos. Reafirmamos que nuestra forma de vida consiste en el cuidado del WAL MAPU en constante armonía con la naturaleza. Por ello, valoramos nuestro trabajo digno de campo, sano y que no atenta contra nuestra ÑUKE MAPU. Mejorar la actividad productiva de los pequeños productores, fomentando el trabajo genuino, nos permite manifestar que la megaminería, no es la única alternativa de trabajo y de desarrollo para nuestra zona. Una de nuestras mayores preocupaciones es la falta de agua en la mayoría de los campos, si bien existen algunas perforaciones realizadas últimamente, las mismas no tienen efecto positivo sobre el uso; se difunde por los medios que en la meseta brota agua, cuando la realidad es que las perforaciones se encuentran bajo candado y las familias cercanas siguen sin agua. No se nos ha dado a conocer qué se piensa instrumentar para la efectiva distribución del agua, tan necesaria para la vida de nuestras comunidades. Nuestra defensa de la vida y el territorio se alimentan de los NEWEN, de la palabra de los mayores, de la reafirmación de nuestra identidad, de los valores de nuestro pueblo Mapuche - Tehuelche. Sabemos que no estamos solos, con muchos años de resistencia la meseta se ha unido a la lucha de otras poblaciones de nuestra provincia y del país.

Rawson, 21 de mayo de 2012.

Comunidades: Mallín de los Cual, Los Pino, Laguna Fría y Chacay Oeste, El Escorial,Lagunita Salada- Cerro Bayo- Gorro Frigio, Taquetren, Lefimi y Vecinos Autoconvocados de Gan - Gan.
 
Fuente: Foro Ambiental y Social de Puerto Madryn - Chubut

Defensores Públicos y de Familia de las principales ciudades de Chubut, rechazan la megaminería


29/05 – 17:30 – Otro sector profesional y en este caso defensores públicos de Chubut, salieron a expresarse en contra del proyecto provincial y nacional de favorecer la megaminería en esta provincia patagónica. Esto se suma a la expresión que sobre el tema tuvieron los médicos Pediatras, quienes fundaron sus argumentos en cuestiones científicas. El Gobernador Martín Buzzi tiene la “obligación” de instalar el negocio minero en Chubut, pero la resistencia pública (y desde sectores profesionales) es cada vez más creciente.

(OPI Chubut) – Con el sello del Ministerio de la Defensa de Chubut, los defensores públicos de las principales ciudades de esa provincia, firmaron un pronunciamiento en contra de la megaminería, negocio que tanto el estado provincial como el nacional, impulsan y predican en todo el territorio, tratando de vences la resistencia negativa que existe en la población a la labor extractiva a cielo abierto de oro, plata y uranio.

Firman el pronunciamiento: Fernando Radziwilowski (Defensor Público – Esquel -); Patricia Aranda Osuna (Defensora Pública – Comodoro Rivadavia -); Nelson Rapiman (Defensor Público –Trelew-); Nora Bandeo (Asesora de Familia –Comodoro Rivadavia-); María Rosa Corradini (Defensora Pública –Puerto Madryn-); Rosa Isabel Martinez (Asesora de Familia –Puerto Madryn-); Delia Susana Perez (Abogada adjunta especializada en Derechos de Pueblos Indígenas) y Karina Gabriela Albornoz (Abogada adjunta –Esquel-)

“El Área de Defensa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (A.D.D.E.S.C.) del Ministerio de la Defensa Pública, en atención al estado público que ha tomado la promoción de la actividad industrial de extracción de metales en la Provincia del Chubut en su modalidad de explotación a gran escala, llamada también “Megaminería”, considera oportuno y necesario sumar su opinión al debate público abierto al respecto, en virtud del mandato constitucional y legal de promoción de Derechos Humanos asignado a esta agencia institucional, en consideración de nuestra experiencia de gestión en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos de Pueblos Indígenas” comienza diciendo un largo texto donde se exponen lo motivos del rechazo.

“En tal sentido – continúa el documento – y para el mejor análisis de este pronunciamiento, es propicio adelantar nuestra posición contraria a la promoción de esta industria para la Provincia del Chubut en sus diversas geografías, sin perjuicio de encontrarse propugnando en la actualidad una previa rediscusión científica, política, democrática y participativa, del marco legal provincial y nacional que actualmente la regula, que debería contemplar el previo aseguramiento del respeto a los derechos individuales y colectivos que tanto la Constitución Nacional como la Provincial reconocen, sostenido en las siguientes razones de orden práctico y jurídico, sin mella de otras que resultarían sobreabundantes para su difusión”, señala.

En cuatro extensos puntos resumen sus razones entre las cuales destacan que no están garantizado el proceso de Consulta y Participación de los pueblos Mapuches y Tehuelches, como está contemplado en los tratados internacionales de los DDHH (Convenio 169 de lo OIT y Declaración Universal de Derechos de Pueblos Indígenas) y la propia Constitución Nacional donde “prevén con carácter previo a toda actividad que les interese por afectar sus recursos naturales, ello a los fines de obtener su Consentimiento Previo, Libre e Informado. En la actualidad, son pocas las comunidades indígenas que tienen garantizado efectivamente sus derechos -constitucionalmente reconocidos- de propiedad comunitaria respecto a las tierras que tradicionalmente ocupan, lo que hemos advertido de múltiples gestiones por reclamos territoriales recibidos en la Defensoría Pública”, redactan los firmantes y hacen una enumeración de las irregularidades que se producen con los aborígenes, como falta de demarcación territorial, desconocimiento de los derechos naturales sobre la tierra, etc que son considerados elementos fundamentales , considerando que “todas ellas lejos de tener afianzadas su garantía de propiedad comunitaria, único extremo que les garantizaría, a su vez, tener una participación adecuada en un proceso de consulta que garantice la escucha respetuosa, a los fines de obtener su consentimiento libre y previo a toda medida que pudiera afectar sus intereses en términos de subsistencia, integridad territorial y cultural, por lo que a este respecto ya no se encuentran dadas condiciones mínimas de garantía para promover una industria de extracción minera a gran escala”, expone el primer punto.

Luego expone en segundo término que no estarían dadas las condiciones legalmente adecuadas de explotación de recursos naturales a pequeña escala para las comunidades indígenas en el territorio provincial.

En tal sentido expresan, “ a la falta de garantía respecto de los derechos territoriales expuestas, sumada a la invisibilización que, en muchos casos se mantiene de las comunidades indígenas, hemos visto que desarrollos de emprendimientos mineros a pequeña escala, no han contado con efectivos procesos de consulta y participación ni a la comunidad ni al pueblo indígena interesado, generando esto conflictividad social.
A su vez, aquellos emprendimientos tampoco reparan en los derechos territoriales ni adoptan recaudos ambientales necesarios”.

Luego agrega sobre hechos fácticos “Nuestra experiencia da cuenta que, se han producido desmontes de Bosque Nativo sin contar con evaluaciones de impacto ambiental previo ni haber consultado a comunidades indígenas y campesinas adyacentes con anterioridad al desmonte, todo ello encontrándose vigente la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos (Ley 26.331) y su análoga provincial, con lo que, si para estos casos se han omitido controles estatales y gestiones necesarias de recaudo para el cuidado del medio ambiente, tampoco encontramos dadas las garantías para proyectos de mayor escala con intervención del hombre en la naturaleza”, indican los profesionales.

En tercer lugar cuestionan “En relación a otros Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es de público conocimiento y nuestra experiencia lo constata día a día, la dificultad de satisfacción del derecho de acceso a vivienda digna que existe en las diversas jurisdicciones de la Provincia enmarcada en un importante déficit habitacional”. El planteo intenta contradecir el argumento oficial de que el desarrollo de industrias de este tipo traen solo prosperidad, cuando en realidad, juzgan que por la práctica observada en Comodoro Rivadavia se agrava el déficit habitacional, al incrementarse notoriamente el costo de vida, reflejado ello en los precios de alquileres en las viviendas que devienen inaccesibles económicamente para los grupos sociales vulnerabilizados por vivir en situación de pobreza.

Finalmente, hacen mención a las categóricas expresiones de los médicos pediatras de Esquel, quienes aportaron al debate público de la megaminería con argumentos científicos y apuntaron: “En relación a la afectación del Derecho a la Salud, consideramos categórico y sólidamente fundado, en criterios científicos inobjetables, el pronunciamiento de los médicos pediatras de los centros públicos asistenciales de la región de Esquel, avalado por la Sociedad Argentina de Pediatría que ha tomado estado público, al que nos remitimos y hacemos nuestro para dictaminar que, incluso, por vulnerar el Derecho a la Salud, también resulta inviable el desarrollo de la industria minera a gran escala por cuanto amenaza ciertamente derechos esenciales siendo que, en doctrina de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha considerado a la salud como un componente elemental del Derecho a la Vida, para concluir que “El Derecho a la Vida es el primer derecho de la persona humana, respecto del cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental” (Corte Suprema de Justicia de la Nación (fallos: 323:3229)”.

Por todo lo expresado extensamente en el documento firmado por los defensores públicos de las principales ciudad de la provincia patagónica, el Área de Defensa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Ministerio de la Defensa Pública de la Provincia del Chubut, “se manifiesta contrariamente a la instalación, ejecución, prospección, explotación y desarrollo de la producción extractiva minera en la Provincia del Chubut, en la expectativa de ser este un aporte más al importante nivel de información y conocimiento que existe en las comunidades cordilleranas que ya se han expedido por el NO A LA MINERÍA” concluye el documento, que se transforma en un obstáculo más, dentro del debate público abierto por el propio gobierno, a la hora de intentar convencer a los pueblos de la provincia, sobre el beneficio directo e inmediato que traerá la minería a Chubut, lo cual será una panacea para todos los males que actualmente cruzan a los habitantes del interior y a toda la provincia en su conjunto. (Agencia OPI Chubut)

http://www.opisantacruz.com.ar/home/2012/05/29/defensores-publicos-y-de-familia-de-las-principales-ciudades-de-chubut-rechazan-la-megamineria/14247

lunes, 28 de mayo de 2012

Chubut - Pronunciamiento Defensa Pública Megaminería


Chubut, 28 de mayo de 2012

                El Área de Defensa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (A.D.D.E.S.C.) del Ministerio de la Defensa Pública, en atención al estado público que ha tomado la promoción de la actividad industrial de extracción de metales en la Provincia del Chubut en su modalidad de explotación a gran escala, llamada también “Megaminería”,  considera oportuno y necesario sumar su opinión al debate público abierto al respecto, en virtud del mandato constitucional y legal de promoción de Derechos Humanos asignado a esta agencia institucional, , en consideración de nuestra experiencia de gestión en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos de Pueblos Indígenas.

                En tal sentido, y para el mejor análisis de este pronunciamiento, es propicio adelantar nuestra posición contraria a la promoción de esta industria para la Provincia del Chubut en sus diversas geografías, sin perjuicio de encontrarse propugnando en la actualidad una previa rediscusión científica, política, democrática y participativa, del marco legal provincial y nacional que actualmente la regula, que debería contemplar el previo aseguramiento del respeto a los derechos individuales y colectivos que tanto la Constitución Nacional como la Provincial reconocen, sostenido en las siguientes razones de orden práctico y jurídico, sin mella de otras que resultarían sobreabundantes para su difusión:

1)      La experiencia que venimos desarrollando de asistencia técnico jurídica a comunidades pertenecientes al Pueblo Mapuche y Tehuelche, permite ver y nos advierte con preocupación que, en la actualidad, no resulta posible garantizar para las mismas el proceso de Consulta y Participación que nuestra Constitución Nacional (art. 75 inc. 17) y Provincial (art. 34) como tratados internacionales de Derechos Humanos en la materia (Convenio 169 de lo OIT y Declaración Universal de Derechos de Pueblos Indígenas) prevén con carácter previo a toda actividad que les interese por afectar sus recursos naturales, ello a los fines de obtener su Consentimiento Previo, Libre e Informado.
En la actualidad, son pocas las comunidades indígenas que tienen garantizado efectivamente sus derechos -constitucionalmente reconocidos- de propiedad comunitaria respecto a las tierras que tradicionalmente ocupan, lo que hemos advertido de múltiples gestiones por reclamos territoriales recibidos en la Defensoría Pública.
Si bien, en los últimos años, se ha pretendido avanzar en la efectivización de los derechos territoriales de las comunidades indígenas que habitan en la Provincia del Chubut, cabe destacar que, a casi 20 años de la reforma constitucional, y a mas de 10 de la ratificación argentina del Convenio 169 de la OIT, está siendo significativamente retardado el proceso de demarcación de las tierras de ocupación tradicional en el marco de la Emergencia Territorial declarada por el Congreso Nacional mediante la Ley 26.160, a través del Programa de Relevamiento Territorial, siendo que aquel es sólo el primer paso y antecedente para hacer efectiva la garantía de propiedad comunitaria, con la posterior regularización de la situación dominial.
Tenemos, de tal modo, Comunidades indígenas que siguen siendo consideradas “usurpadoras” de sus tierras de ocupación tradicional por algunos estados municipales; otras que padecen faltas de garantías de diversa índole respecto a la protección jurídica de su territorio comunitario y son hostigadas por particulares en una relación asimétrica de poder en la que, en la mayoría de las veces, el Estado no interviene o, simplemente las invisibiliza haciendo posible que se perpetúe el despojo territorial; otras - muchas - comunidades no son reconocidas como tales, dándosele a sus miembros el tratamiento de “fiscaleros” (simples ocupantes de tierras fiscales con permiso estatal), todas ellas lejos de tener afianzadas su garantía de propiedad comunitaria, único extremo que les garantizaría, a su vez, tener una participación adecuada en un proceso de consulta que garantice la escucha respetuosa, a los fines de obtener su consentimiento libre y previo a toda medida que pudiera afectar sus intereses en términos de subsistencia, integridad territorial y cultural, por lo que a este respecto ya no se encuentran dadas condiciones mínimas de garantía para promover una industria de extracción minera a gran escala;
2)      Respecto a lo anterior, y desde nuestra experiencia, hemos advertido que tampoco, siquiera, estarían dadas las condiciones legalmente adecuadas de explotación de recursos naturales a pequeña escala para las comunidades indígenas en el territorio provincial.
En tal sentido, a la falta de garantía respecto de los derechos territoriales expuestas, sumada a la invisibilización que, en muchos casos se mantiene de las comunidades indígenas, hemos visto que desarrollos de emprendimientos mineros a pequeña escala, no han contado con efectivos procesos de consulta y participación ni a la comunidad ni al pueblo indígena interesado, generando esto conflictividad social.
A su vez, aquellos emprendimientos tampoco reparan en los derechos territoriales ni adoptan recaudos ambientales necesarios.
Nuestra experiencia da cuenta que, se han producido desmontes de Bosque Nativo sin contar con evaluaciones de impacto ambiental previo ni haber consultado a comunidades indígenas y campesinas adyacentes con anterioridad al desmonte, todo ello encontrándose vigente la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos (Ley 26.331) y su análoga provincial, con lo que, si para estos casos se han omitido controles estatales y gestiones necesarias de recaudo para el cuidado del medio ambiente, tampoco encontramos dadas las garantías para proyectos de mayor escala con intervención del hombre en la naturaleza.
Finalmente, existen en la actualidad diversos reclamos por la negativa  del Estado provincial al ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas de aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales forestales y/o producción ganadera de subsistencia por desconocimiento de sus derechos territoriales en su perjuicio, y a favor de personas ajenas a las comunidades, por lo que, la intromisión en su territorio de grandes emprendimientos empresariales, lejos de solucionar este conflicto lo agravaría.
Lo anterior, aún sin considerar que la minería a gran escala se contradice con la cosmovisión de los pueblos indígenas que preexisten al Estado provincial en cuanto a su relación con la tierra de la que se consideran parte, siendo en su mayoría productores agrícolo ganaderos. Por ello, la actividad minera, que precisa de los recursos de tierra y agua para su desarrollo, agravaría las actuales condiciones de subsistencia de las comunidades, y podría erigirse en prácticas de aniquilamiento cultural y existencial.
3)      Sucintamente, en relación a otros Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es de público conocimiento y nuestra experiencia lo constata día a día, la dificultad de satisfacción del derecho de acceso a vivienda digna que existe en las diversas jurisdicciones de la Provincia enmarcada en un importante déficit habitacional.
La experiencia tangible en la Provincia del Chubut, en localidades como Comodoro Rivadavia, por ejemplo, muestran que el desarrollo de importantes industrias, agravan el déficit habitacional, al incrementarse notoriamente el costo de vida, reflejado ello en los precios de alquileres en las viviendas que devienen inaccesibles económicamente para los grupos sociales vulnerabilizados por vivir en situación de pobreza.
La escasa oferta actual de viviendas a bajo costo de alquiler en condiciones dignas de habitabilidad, y las numerosas listas de espera para adjudicaciones en programas habitacionales, serían dos aspectos que se encontrarían claramente agravados en el caso de instrumentarse proyectos de estas características a gran escala, por el impacto sensible en el mercado inmobiliario, profundizándose aún más la dificultad de efectivización del derecho de acceso a vivienda digna para los sectores sociales histórica y estructuralmente desaventajados.
4)      En relación a la afectación del Derecho a la Salud, consideramos categórico y sólidamente fundado, en criterios científicos inobjetables, el pronunciamiento de los médicos pediatras de los centros públicos asistenciales de la región de Esquel, avalado por la Sociedad Argentina de Pediatría que ha tomado estado público, al que nos remitimos y hacemos nuestro para dictaminar que, incluso, por vulnerar el Derecho a la Salud, también resulta inviable el desarrollo de la industria minera a gran escala por cuanto amenaza ciertamente derechos esenciales siendo que, en doctrina de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha considerado a la salud como un componente elemental del Derecho a la Vida, para concluir que “El Derecho a la Vida es el primer derecho de la persona humana, respecto del cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental” (Corte Suprema de Justicia de la Nación (fallos: 323:3229)).

                Es por todo lo precedentemente expuesto, sin perjuicio de mayores razones que exceden estas reflexiones en un ámbito de difusión pública, que esta Área de Defensa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Ministerio de la Defensa Pública de la Provincia del Chubut, se manifiesta contrariamente a la instalación, ejecución, prospección, explotación y desarrollo de la producción extractiva minera en la Provincia del Chubut, en la expectativa de ser este un aporte más al importante nivel de información y conocimiento que existe en las comunidades cordilleranas que ya se han expedido por el NO A LA MINERÍA.

Suscriben este documento:
Fernando Radziwilowski (Defensor Público – Esquel -)
Patricia Aranda Osuna (Defensora Pública – Comodoro Rivadavia -)
Nelson Rapiman (Defensor Público –Trelew-)
Nora Bandeo (Asesora de Familia –Comodoro Rivadavia-)
María Rosa Corradini (Defensora Pública –Puerto Madryn-)
Rosa Isabel Martinez (Asesora de Familia –Puerto Madryn-)
Delia Susana Perez (Abogada adjunta especializada en Derechos de Pueblos
                                               Indígenas)
Karina Gabriela Albornoz (Abogada adjunta –Esquel-)

miércoles, 23 de mayo de 2012

ILLAPU EN ESQUEL. “Estamos absolutamente en contra de la megaminería”




El grupo musical chileno Illapu, de gira por Esquel donde se presentarán hoy a las 21:30 hs en el Gimnasio Municipal con entrada libre y gratuita,

visitó hoy “La Trochita” donde sus integrantes dialogaron con la prensa, dando a conocer una vez mas su postura de oposición a la megaminería.

Roberto Márquez, fue quien dialogó con los medios en los minutos previos a abordar uno de los vagones de histórico tren, manifestando estar “muy feliz en Esquel y poder compartir momentos con la gente y de tener esta experiencia de pasear en el tren y compartir además un rato con los chicos de la escuela en la estación Nahuel Pan”.

Márquez al momento de ser consultado acerca de la postura del grupo que integra sobre cuestiones sociales que vinculan a países como Chile y Argentina, tal es el caso de la megaminería expresó su apoyo al pueblo de Esquel indicando que “estamos absolutamente en contra de la megaminería desde hace muchos años. La megaminería pasa muchas veces sobre los intereses de los pueblos y los gobiernos, ya que no respetan nada”.

Mas adelante Márquez reconoció conocer que Esquel esta luchando como toda la Patagonia contra la Megaminería para que “no cuente con la venia de los pueblos, que son los que pagan las consecuencias”

Finalmente se manifestó en apoyo a las luchas de los pueblos originarios con los cuales expresó estar “en sintonía”.

Illapu presentará en Esquel una selección de temas de sus más de 20 discos.

http://noticiasdeesquel.wordpress.com/2012/05/22/illapu-en-esquel-estamos-absolutamente-en-contra-de-la-megamineria/

lunes, 21 de mayo de 2012

La Asociación de Pediatras advirtió sobre riesgos de la megaminería hidrotóxica y Minas Argentinas SA, hizo un papelón




21/05 – 10:30 – Un extensísimo informe de la Asociación de Pediatras de Esquel (Chubut) y organizaciones pediatricas de la región, constituye un lapidario informe sobre los efectos contaminantes de la megaminería. Para “contrarrestar” el golpe, la empresa Minas Argentinas SA, organizó de apuro una “reunión con pobladores” de Esquel y puso a testimoniar a un “minero de Santa Cruz”, que – a juzgar por sus dichos – de nuestra provincia sabe muy poco, nunca trabajó o mintió.
El 13 de mayo La Sociedad de Pediatría sede Esquel, el Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Zonal de Esquel y los Pediatras de la región Noroeste del Chubut rechazaron los proyectos de megaminería en la región mediante una “Carta abierta” donde explicitaron extensamente los fundamentos científicos, médicos y técnicos que sustentan sus argumentos, quienes obtuvieron el apoyo del Concejo Deliberante de la ciudad a través de un proyecto de Declaración.
Podemos decir que lo apuntado por los médicos, no se apartan de las consideraciones que a lo largo de todos estos años y particularmente durante el 2011, hemos profundizado en distintas notas periodísticas, escritas o dirigidas por personas con amplio conocimiento en la materia, especialmente sobre los efectos contaminantes y altamente tóxicos de la megaminería, nueva producción que se instalará en Santa Cruz, en muy poco tiempo.
La vecina arrepentida
Luego de la aparición de la Carta abierta de los pediatras, la empresa Minas Argentians SA que opera en la zona de Esquel y busca explotar minería a cielo abierto por medio del emprendimiento “Suyai”, impulsó una reunión de “vecinos”, con el fin de contrarrestar el documento, que fundado en razones científicas y profesionales (algo que siempre cuestionan las empresas, como si quienes hablan sobre los efectos de la megaminería fueran todos ignorantes) conforma un cuadro lapidario contra la megaminería y sus efectos altamente contaminantes en las poblaciones de impacto, en este caso, puntualmente sobre las posibilidades del desarrollo del denominado “Proyecto Suyai” que la minera intenta instalar en el Cordón Esquel.
La reunión fue realizada en el Barrio Don Bosco y de acuerdo a las fuentes periodísticas consultadas en la ciudad chubutense, todos los asistentes cabían “muy cómodamente” en un aula de la escuela Nº 76, reunión a la cual no asistieron los pediatras ni lo concejales de la ciudad. Ante las averiguaciones de los motivos que generaron estas ausencia, se nos dijo que están cansados de no ser escuchados ni tomado en cuenta por las empresas, que apañadas por el poder político, producen daño sin límite, aún en contra de lo que opina la gente. “Nunca escuchan a nadie, siempre hacen lo que quieren y ahora, cuando trasciende la opinión profesional de médicos que hacemos clara nuestra postura y los elementos científicos que se aportan, hacen una reunión de apuro y pretenden que estemos ahí para discutir lo que solo a ellos les interesa”, señaló el Dr Mario Martínez.
Estuvieron presentes en la reunión convocada por la empresa Minas Argentinas S.A., sus profesionales, la Dra. Ivon García, directora del Hospital de Jachal (San Juan) y del vicepresidente de la empresa, Licenciado Mario Hernández, junto a un grupo de vecinos
Erica Pineda, actual presidenta de la Asociación Vecinal del Barrio Don Bosco, fue una de las coordinadoras de la reunión, que contó con la presencia de pobladores de la misma barriada y comentó: “Esta propuesta surgió de distintos vecinos que se acercaron a mí para que yo les sirviera de interlocutora, y parece que esto generó bastante ruido”, expresa el diario El Oeste Cordillerano, de Esquel.
Luego la vecina agregó “La intención es que luego de escuchar todas las campanas, la gente pueda tomar sus propias decisiones teniendo información de las diferentes posturas pero en un mismo ámbito porque eso genera a que no nos mientan, no nos confundan y que nuestra gente pueda seguir defendiéndonos”.
Más adelante señaló “En el 2003 también me interesé por el tema y en esa oportunidad no me gustó el proyecto minero porque nos manipularon, nos mintieron y como vecinos fuimos usados”.
Esa opinión – dice el medio cordillerano – desencadenó la pregunta del porqué después de nueve años, renace su interés, a lo que respondió: “Creo que ahora se está hablando con más seriedad, lo que nos lleva a nosotros, como ciudadanos, a saber de qué se trata esto que se propone ahora. A aquel momento, dijimos no”.
Minero mentiroso
Ocasionalmente – redacta El Oeste – aprovechando su estadía en Esquel, Carlos Vidal, un trabajador minero residente en Santa Cruz, se interesó por la propuesta y nos contó: “Yo esperaba escuchar a los médicos pediatras para saber el porqué ellos manifiestan algo que todavía no es. Y el porqué se anticipan a algo que todavía no tenemos”.
Sostuvo además: “me voy con esa inquietud, pero tranquilo porque sé lo que es minería. Trabajo en minería hace trece años. Y hoy estoy en una mina en producción (de oro y plata) que es el proyecto San José. Mucho se habla del tema, y en esas afirmaciones hay grandes mentiras, lo que muy bien se puede comprobar en la comunidad de San Julián (jurisdicción de la Mina San José). Más allá que trabajamos con excelentes normas de seguridad y donde diariamente se realizan controles, tanto ambientales como en lo que hace a la salud”, afirmó finalmente.
En el armado de esta noticia, por parte de Minas Argentinas SA se cometen varios errores, que demuestran que tan “espontánea” declaración de un “minero santacruceño”, tiene la misma entidad que la del trabajador minero “sin afiliación ni interés gremial” que le pusieron por teleconferencia a la presidenta, a defender la minería, que luego resultó un militante del FPV y delegado gremial de AOMA.
En este caso el Sr Vidal o miente o no conoce la geografía de Santa Cruz; más allá de no dar ninguna precisión técnica de porqué si o no de la minería, ubica al proyecto San José, en cercanías de Puerto San Juliánhecho que le quita absolutamente toda seriedad a sus declaraciones y demuestra que la empresa intentó manipular la opinión pública a través de testigos falaces, ante la falta de un argumento técnico y científico que se le opusiera a los médicos.
Cabe aclarar, para los lectores de otras provincias, que San José, es un proyecto de Minera Santa Cruz que se asienta a 50 kms de Perito Moreno, en cercanías de la cordillera; en tanto San Julián es una ciudad atlántica que tiene próximo al yacimiento Cerro Vanguardia.
La Carta Abierta
La Carta abierta de la asociación de Pediatras de Esquel y otras asociaciones similares publicada por el diario Río Negro es por demás extensa y explicativa de la problemática. Si bien el texto tiene una métrica “anti-web” decidimos insertarlo completo, dado el valor que tiene desde el punto de vista de la salud y porque se encuentra avalado y respaldado por organizaciones médicas con enormes fundamentos y criterio, a la hora de juzgar la incidencia de la megaminería en la salud de los chicos.
CARTA ABIERTA MÉDICOS PEDIATRAS CONTRA LA MEGAMINERÍA HIDROTÓXICA
Esquel, 2 de Mayo de 2012
Los abajo firmantes, pediatras del Área Sanitaria Noroeste del Chubut, miembros de la Sociedad Argentina de Pediatría, sede Esquel y el Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Zonal de Esquel, en virtud del rol que desempeñamos como parte del equipo de salud y en general de todos aquellos colectivos que se ocupan de preservar, promover, asistir en el cuidado, la educación y la salud de los niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad y su área de influencia, nos vemos en la necesidad y obligación profesional de expresar nuestra posición respecto de la posible instalación de la Megaminería Extractiva en la región Noroeste del Chubut, tanto en zonas de la meseta como en las regiones cordilleranas, incluyendo nuestro ejido municipal.
La minería extractiva ha desarrollado en las últimas décadas tecnologías que le permiten obtener metales de valor comercial elevado de sustratos rocosos con muy baja concentración metalífera, lo que implica en todos los casos la afectación de áreas muy extensas de territorio, la puesta en práctica de procesos químico-industriales a gran escala, con el uso masivo de agua y sustancias químicas peligrosas, así como la producción de enormes cantidades de “residuos minerales estériles” previos a las fases químicas, y de residuos tóxicos posteriores a la misma.
Si bien toda actividad humana produce un impacto en el ambiente, algunas como la Megaminería metalífera extractiva, son de tales dimensiones que la afectación ambiental tanto en las fases de exploración, las de explotación como en las posteriores al cierre de la mina, se cuentan entre las de más intensas y persistentes que se conozcan. Estos impactos no son negados ni siquiera por las mismas empresas de megaminería, las que obviamente proponen tareas de remediación o minimización de riesgos que hasta ahora y por los antecedentes mundiales conocidos, son de muy escasa y dudosa efectividad y casi en todos los casos implican que los estados, o sea las mismas poblaciones afectadas, deben pagar por esas tareas para evitar la extensión de los daños producidos ya que no para lograr una “restitutio ad initio”, que hasta la actualidad no ha sido cumplida por ninguna empresa minera.
Debemos aclarar que como trabajadores de la salud consideramos como ambiente todos los aspectos geográficos, químicos, físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales en donde los seres humanos en general, pero muy especialmente los niños, niñas y adolescentes se gestan, nacen, crecen y desarrollan.
Creemos por lo tanto que es de suma importancia y de responsabilidad fijar nuestra posición respecto al tema en cuestión y llamar la atención sobre algunos puntos específicos que atañen a nuestra tarea como médicos y médicas pediatras, ya que parte esencial de ella es ocuparnos de la prevención de los problemas sanitarios, y no sólo asistir a las personas cuando ellos ya se han producido.
Respecto al tema del riesgo sobre la salud que la alteración del ambiente natural que tales emprendimientos conllevan, debemos señalar en primer término que el ser humano en gestación, y durante toda su etapa de crecimiento y desarrollo infanto juvenil, tiene una vulnerabilidad muy superior a la que presenta en su etapa adulta, lo que obliga a extremar las precauciones sobre estos potenciales daños.
En el caso de las iniciativas megamineras en nuestra región, hay una serie de problemas que son a nuestro entender de grandes proporciones y que no existen garantías de poder controlar su peligrosidad o de revertir sus consecuencias.
Enumeraremos un número limitado de los mismos que analizaremos en detalle, no porque sean los únicos a observar, sino porque desde nuestra perspectiva médica y pediátrica consideramos suficientes para sustentar nuestra postura.
Acerca de las sustancias químicas peligrosas: El transporte e introducción en el ambiente de grandes cantidades de sustancias químicas de alta toxicidad, tales como sales de cianuro, explosivos de diferentes clases, sales de plomo como el litargirio, es característico de la megaminería. Si bien otras actividades humanas también utilizan ciertas cantidades de estos elementos en su desarrollo, es en la megaminería donde su uso por unidad de superficie y por unidad de tiempo es de las más elevadas. Una vez introducidas en el ambiente, no existe ningún procedimiento de probada eficacia que garantice que no quedarán residuos tóxicos en los suelos, el agua o el aire ya que muchos de ellos han fracasado en diversos sitios del mundo, y otros aún no han sido suficientemente testeados.
Acerca del Drenaje ácido de Minas y la liberación de metales pesados: Este problema es de gran relevancia pues la actividad de la megaminería, sea esta en forma de galerías o a tajo abierto, implica la voladura de grandes volúmenes de roca virgen, su fragmentación y la pulverización de cierto porcentaje para el proceso de lixiviación. Sea cual fuere su exacto volumen y técnica extractiva, no existe otro método que el de movilizar inmensas masas rocosas fragmentadas, que una vez expuestas al aire, la luz y la humedad ambiente indefectiblemente van liberando sustancias que de por sí contiene, tales como el arsénico, el cadmio, el talio… etc. Esta liberación se acelera enormemente cuando las características de la roca permiten la formación de ácidos, en especial azufrados, que terminan drenando flujos de agua hacia las napas subterráneas y escorrentías superficiales contaminados con esos metales pesados. Es destacable que los tóxicos de este tipo producen daño acumulativo, por lo que la salud se podría ver afectada no en lo inmediato, sino cuando los niños expuestos sean ya adultos. Como dato importante señalamos que los informes técnicos revelan la presencia de altas concentraciones de compuestos arsenicales en la roca del cordón Esquel, así como en muchos otros macizos montañosos de la provincia, por lo que se dá por descontado que esos compuestos se liberarán al ambiente de llevarse adelante la actividad. Los daños a la salud que provoca la incorporación de estos metales pesados al organismo, en especial aquellos en pleno crecimiento y desarrollo, son tantos y tan conocidos por la historia actual y pasada de la medicina, que nos eximen de enumerar las patologías de la que son causa o factor de riesgo, y que constan en cualquier texto de toxicología médica.
Acerca del uso y afectación del agua: De todos los informes consultados acerca de la propuesta del cordón Esquel, así como de otros emprendimientos propuestos o ya en curso, en todos los casos es preocupante el volumen ingente de agua que diariamente debe usarse para los procesos de lixiviación.
En el caso específico de Esquel, basados en el Estudio de Impacto Ambiental presentado por minera El Desquite para el proyecto Esquel en el año 2003 y sus anexos, que por otra parte es el único informe de ese tipo hasta ahora conocido, nos vemos obligados a señalar, al menos, los siguientes hechos:
Que en tal estudio existen discrepancias entre las necesidades de agua que se declaran necesitar, que es de 1.555.200 (un millón quinientos cincuenta y cinco mil doscientos) litros al día (18 litros por segundo), obtenidos de diversas fuentes de la alta montaña de las cuencas de los arroyos que abastecen parte de las necesidades actuales de la ciudad de Esquel, con el objeto de diluir el cianuro y efectuar otros procedimientos químico-industriales, y las cifras que pueden calcularse a partir de la cantidad de agua que se necesita para lograr las mismas diluciones cianuradas que la empresa propone realizar, que es inmensamente mayor, llegando a multiplicar por diez el consumo diario del vital elemento.
Para un proyecto del tamaño del de Esquel, como por ejemplo la Mina Gualcamayo, en San Juan, el caudal de agua en realidad utilizado es de 108 litros por segundo, lo que coincide con las cantidades utilizadas por otras empresas similares. Esto sería la mitad de lo que toda la población de Esquel consume en un día.
Pero aún si damos por ciertos y precisos los datos que brinda el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Esquel, y los comparamos con los que la OMS considera la cantidad básica de agua que un ser humano requiere para su vida, que es de 80 litros por día, implica que con los requerimientos diarios aún exageradamente modestos que se pretenden declarar para este proyecto, podrían abastecerse básicamente casi 20.000 personas al día, y no menos.
También debe tenerse en cuenta que gran parte de esa agua no podrá ser utilizada posteriormente jamás por seres vivos por quedar definitivamente contaminada. Uno de los objetivos de minimización de daños que las empresas deben garantizar hasta el cierre de la mina y que luego del mismo debe continuar el Estado, es justamente mantener por tiempo indefinido en enormes depósitos confinados el agua contaminada y otros desechos tóxicos con el objeto de que no ingresen a las corrientes de agua superficial y profunda que nacen, casualmente, bajo esos mismos depósitos. Por desgracia y hasta la actualidad este objetivo es sólo una declaración de deseos, ya que en la práctica son innumerables los casos en nuestro país y en el mundo, en que es técnicamente imposible garantizar la confinación absoluta e indefinida de los desechos tóxicos y del agua contaminada.
Siendo el agua dulce un recurso cada vez más escaso en nuestra región y en el mundo, es primario defender este bien común imprescindible para la vida humana actual y futura y remarcar que se trata de un derecho humano básico el contar con acceso y disponibilidad de agua. Ningún emprendimiento económico que no contemple la conservación segura e incuestionable para las generaciones actuales y futuras de la calidad y cantidad de agua para uso humano podrá contar con el aval de ninguna sociedad médica, ya que por encima de todos los derechos se halla el de la vida misma, y luego el de la salud.
Acerca de los aspectos sociales y económicos: Por último y abordando un tema especialmente álgido en nuestra comunidad, consideramos que ya hace nueve años atrás y luego de arduos debates públicos y tras un proceso democrático incuestionable, la comunidad de Esquel de manera formal, y la de otros municipios del área noroeste informalmente, expresó en las urnas su deseo de no apoyar este tipo de emprendimientos mineros, lo que motivó una serie de disposiciones legales tanto a nivel municipal como provincial, que limitan tales desarrollos. Tales normas jurídicas aún están plenamente vigentes, y formalmente no existen nuevos estudios de impacto ambientales presentados para iniciar ningún emprendimiento local. Por lo tanto consideramos altamente preocupante que se estén efectuando promesas de puestos de trabajo a personas en situación de alta vulnerabilidad laboral y social, en casi todos los casos sostenes de familia, sin que sea factible darles cumplimiento, generando una situación de tensión social inadmisible, cuyo fin último no llegamos a comprender, pero que sin duda afecta a la paz social de nuestra comunidad y pone en riesgo aún más el frágil entorno de muchos niños, niñas y adolescentes.
Por otra parte, y siendo fieles a considerar a nuestros pacientes parte de un complejo entramado socioambiental, creemos que el trabajo digno y sustentable para sus padres es una necesidad ineludible de satisfacer, pero también sabemos que no es la megaminería ni una fuente laboral de grandes proporciones para la mano de obra local, ni tiende a crear empleos de largo alcance, ni genera industrias anexas, ni están dadas las condiciones jurídicas para que la pérdida de activos ambientales se compensen ni remotamente con los ingresos que se recibirían por la extracción y exportación de oro, plata, uranio, y otros elementos económicamente muy rentables para las empresas en el contexto financiero global.
Por todo lo expuesto es que la Sociedad de Pediatría sede Esquel, el Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Zonal de Esquel y los Pediatras de la región Noroeste del Chubut declaran su rechazo a llevar adelante proyectos de megaminería en la región, aplicando el Principio Precautorio a la Salud Pública , por comprometer seriamente la pureza del suelo, los alimentos y el agua en calidad y cantidad de tal manera que pone en peligro la salud actual y futura de los niños, niñas y adolescentes del área bajo su cobertura.
En el mismo acto declara también su firme apoyo a la decisión soberana tomada por el pueblo en el plebiscito el 23 de Marzo de 2003 y las disposiciones legales que de él se desprendieron, así como rechaza los intentos de modificar las mismas generando tensión social, para habilitar las actividades que la megaminería pretende llevar a cabo. (Agencia OPI Santa Cruz)

Trevelin: vecinos realizaron una asamblea informativa y marcharon contra la megaminería




Por Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Trevelin

Fotos: Mariano Laudadio y Marcelo Gargiulo
Como parte de las actividades que nacieron en las últimas asambleas de vecinos autoconvocados por el no a la mina en Trevelin, se llevó a cabo hoy, domingo 20 de mayo, una convocatoria a todas aquellas personas que se quisieran manifestar en contra del proyecto de megaminería que pretende, nuevamente, instalarse en la región, como así también a todos aquellos que quisieran obtener, consultar o cotejar datos acerca del mencionado proyecto.

Como resultado de esta convocatoria un nutrido grupo de vecinos de Trevelin se manifestó abiertamente en contra del proyecto, expresándose no sólo en contra de la megaminería, sino también a favor del cuidado del agua, del trabajo genuino y de la protección de la salud y el medio ambiente.

La reunión tuvo como objetivo principal que los vecinos informen a sus pares, para eso se difundieron datos acerca del impacto ambiental y económico que actividades de este tipo traen aparejadas, al mismo tiempo se proyectó un compilado de diversos documentales que tratan el tema. Luego de esa  actividad se realizó una marcha alrededor de la Plaza Coronel Fontana que fue acompañada por aplausos y saludos de otros vecinos.

Como cierre se realizó una reunión en el Salón Central Municipal, donde vecinos de las Asambleas de Autoconvocados de Esquel y de Trevelin respondieron a las consultas que iban surgiendo.
Cabe rescatar que la ayuda de la gente de Esquel fue fundamental  para poder obtener información fehaciente y difundirla.

Queda abierto este espacio de lucha por la vida en Trevelin, y se invita a todos los que quieran sumarse ya sea para manifestarse contra la megaminería o para obtener datos precisos acerca de estas actividades, a acercarse el día miércoles 23 de este mes a la BIBLIOTECA POPULAR PERITO MORENO (Libertad y Sarmiento, Trevelin) a sumarse a nuestra lista de mails enviando un correo a losmontaraces@gmail.com  o a buscarnos en facebook como NOALAMINA TREVELIN.

domingo, 20 de mayo de 2012

Difusión UAC del valle y costa de Chubut


UAC INFORMA
Unión de Asambleas Ciudadanas del valle y la costa de Chubut
17 de mayo de 2012
 
 
MARCHA PROVINCIAL A LA CIUDAD DE RAWSON RECHAZANDO LA MEGAMINERÍA
LUNES 21 DE MAYO 11 HS CONCENTRACIÓN EN LEGISLATURA PROVINCIAL
“La meseta el valle y la costa por la vida, contra el saqueo y la contaminación”
 
El lunes 21 de mayo a las 12 hs los pueblos Mapuche-Techuelche, las asambleas ciudadanas, las organizaciones y movimientos sociales y ciudadanos en general de toda la provincia marcharan en la ciudad  de Rawson en repudio a los nuevos intentos de modificar la legislación que prohíbe la megaminería en Chubut y que impulsan las corporaciones trasnacionales con el aval solapado del gobierno provincial.
 
La reciente embestida de la transnacional minera Minas Argentinas/Yamana Gold que se encuentra realizando actividades en Esquel sin habilitación comercial y que comenzara a operar en forma encubierta; la incorporación de nuestra provincia a la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) creada explícitamente para revertir los triunfos populares que lograron ocho provincias con leyes que prohíben o limitan la megaminería; el avance de los pedidos de exploración del mineral radioactivo uranio en cercanías del valle inferior del río Chubut y en especial de Dolavon,  cuando claramente la legislación prohíbe la minería metalífera a cielo abierto; la derogación por parte del gobierno de Río Negro de la llamada ley anticianuro y la incorporación de Gustavo Ferreira como secretario de minería provincial en clara incompatibilidad de intereses y en falta a la ley de ética pública, y el aumento de la represión contra los movimientos sociales que defienden el derecho a la vida en cada una de las provincias que integran la OFEMI son todas ellas claras muestras de una política destinada a profundizar este modelo extractivista de contaminación y saqueo de nuestros bienes comunes digitado desde el gobierno nacional.
 
Por todas estas razones marcharemos desde la costa el valle y la meseta sobre la capital provincial. Participarán los pueblos Mapuche Tehuelche que habitan la meseta central y que por tercer año consecutivo exigen ser escuchados y respetados en sus derechos, la recientemente conformada Asamblea Ciudadana de Dolavon, la Unión de Asambleas Ciudadanas de la costa y del valle de Chubut, los Foros Ambientales y Sociales presentes en Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Trelew, asambleas de Rawson, organizaciones sociales y ciudadanos preocupados por estas políticas.
 
Comisión de Prensa UAC
Contactos
Lucas Fossatti 280 154685537
Pablo Palicio 280 15630754


Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!

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