miércoles, 27 de mayo de 2009

LA PROVINCIA RECHAZÓ EL PRIMER ESTUDIO

La minera Aquiline pidió sesenta días para modificar el informe de impacto ambiental
La empresa minera Aquiline deberá realizar un nuevo informe de impacto ambiental porque el gobierno de Chubut rechazó el presentado recientemente. El ministro de Medio Ambiente, Juan Garitano, informó que se le solicitó a la compañía canadiense modificaciones al estudio en el plazo de 60 días.
El principal problema que tiene la firma minera es la falta de agua, puesto que el yacimiento está ubicado en la meseta chubutense, entre las localidades de Gastre y Gan Gan. El informe debe hacer un estudio de hidrología de la región, que hasta el momento no se había hecho ni asentado en el informe.
La Subsecretaría de Regulación y Control resolvió rechazar la última presentación del avance del estudio de impacto ambiental del proyecto Navidad, relacionado con la última etapa de exploración por no estar a la altura de las exigencias que nosotros requerimos”, dijo Garitano.
“El estudio tiene que caracterizar el área de influencia y la hidrología subterránea por la cantidad de agua utilizada”, explicó el funcionario provincial. “Vamos a fijar un plazo de 60 días para la presentación final, que permita a la empresa la posibilidad de adecuar sus estudios”, agregó.
El titular de la cartera ambiental sostuvo que la empresa sólo está explorando la zona. “Tenemos un permanente control sobre la actividad que hace en el campo la empresa, y sabemos perfectamente bien dónde perfora, dónde abre un camino, dónde hace cualquier movimiento, así sea el más mínimo”, detalló.
“En Chubut no hay ningún emprendimiento minero en la etapa de explotación. Y además no lo podría haber justamente por los impedimento legislativos”, explicó Garitano. La provincia tiene una veintena de proyectos mineros en etapa exploratoria debido a que la utilización de cianuro (minería cielo abierto) está prohibida.
“Mientras no se modifique la legislación, no va a ver ninguna etapa de explotación posible en esta provincia”, afirmó el ministro.
Navidad es uno de los yacimientos de plata y plomo más importantes del país. Está ubicado en la meseta de Chubut y se extiende hasta Ingeniero Jacobacci, en Río Negro. Aquiline, un consorcio de capitales canadienses, se encuentra haciendo los trabajos de exploración del terreno. VER NOTA

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Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

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