DECLARACIÓN DE TRELEW, PATAGONIA ARGENTINA, Octubre 2008.

Con motivo de informarnos, debatir y analizar las actuales políticas públicas dirigidas al desarrollo de industrias extractivas mineras en la meseta central de la Provincia del Chubut, los participantes del II FORO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA PATAGONIA, militantes sociales, estudiantiles, trabajadores, integrantes de las comunidades originarias y vecinos de distintas localidades de la Provincia del Chubut, en el marco académico de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO sede Trelew, manifestamos:

Que el desarrollo no debe implicar de ninguna manera un deterioro en la calidad de vida para quienes habitan este suelo.

Que debemos mirar nuestro presente, pero pensando en quienes habitaran estas tierras.

Que nuestra búsqueda debe ser por un nuevo sistema de valores que orienten la vida y el encuentro entre los seres humanos y el ambiente donde transcurre su vida.

Que abordamos conjuntamente las problemáticas sociales y ambientales ya que entendemos que ambas se encuentran íntimamente relacionadas.

Que reconocemos como prioritario el cuidado del medio ambiente, como lo manda la Constitución Nacional en sus obligaciones, derechos y garantías.

Que la sustentabilidad del siglo XXI continúa regida por el paradigma del mundo capitalista, los macro números y la externalidad de costos.

Que los pasivos ambientales no integran la ecuación con las verdaderas cifras que generan. (Ni las licencias sociales violadas y sostenidas con represión, como parte del digesto operacional de las empresas y sus aliados en los poderes que deciden futuros.)

Entendemos que la Tierra es un patrimonio mundial compartido y que las fronteras y divisiones políticas pocas veces tienen en cuenta la dinámica de la naturaleza que rige el planeta.

Que las verdaderas políticas ambientales y sociales deben proteger los derechos e identidad culturales de los pueblos originarios, además de los bienes comunes naturales, todas las formas del patrimonio cultural y el arte nativo, como todo aquello que se encuentre en nuestro suelo para actuales y futuras generaciones.

Que cercano a nuestras ciudades, una conocida forma de las actividades mineras aparece dispuesta a incluirnos en algunos de los términos de la economía del subdesarrollo mediante saqueo de riquezas naturales, ganancias ilegitimas, pasivos ambientales y olvidos de responsabilidades.

Frente a esta visión de los proyectos que se pretenden llevar adelante en contra de la voluntad de miles de habitantes en todo el ámbito regional, vemos con preocupación:

Que las normas legales en el ámbito internacional, nacional y provincial son benefactoras de la radicación de empresas multinacionales que realizan impunemente actividades prohibidas en otros países y contrarias del sentido común y protector del ambiente.

Que los órganos estatales de información pública y los de control y fiscalización de la mega minería no brindan información clara.

Que se pretende confundir los conceptos desarrollo y progreso, con promesas materiales y de infraestructura donde estas empresas realizan actividades, olvidando consecuencias ambientales futuras y desestimando derechos naturales y económicos.

Que el estado de incertidumbre auspicia el deterioro de relaciones interpersonales fomentando el enfrenamiento entre los ciudadanos.

Por esto, luego de estudio, debate, reflexión, dialéctica y consenso exigimos:

Respeto irrenunciable a la cultura y al hábitat de los habitantes históricos de la región.

Derecho al acceso a la información y al debate.

Que el gobierno sea representante de la voluntad del pueblo de la provincia y no gestor de los intereses que buscan la apropiación de recursos naturales propios en muy dudosas condiciones de calidad, explotación y beneficios económicos.

Rever las ecuaciones económicas del modelo de desarrollo actual que demuestran que el propio gobierno, separado de la representatividad de los ciudadanos, es quien financia la pérdida de sus ganancias y de la calidad del entorno.

Que se cumpla con el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional, asegurando la participación de las comunidades originarias en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afectan.

Reactivar y reorganizar el sistema de audiencias publicas con la verdadera participación de todos aquellos interesados desde distintos sectores, cumpliendo con los debidos requisitos legales y administrativos.

Sancionar una ley de protección de la tierra que impida la extranjerización del territorio.

Al Defensor del Pueblo actuar con prontitud y celeridad ante la presentación de denuncias y de oficio ante delitos ambientales declarados o presuntos.

Libertad de expresión tanto en medios de comunicación como en centros educativos formales y no formales, de todos los niveles, en igualdad de posibilidades como las que hoy disponen las empresas y el gobierno, a fin de exponer todos los puntos de vista sobre el desarrollo deseado para la provincia.

A los medios de comunicación la objetividad y equidad en el tratamiento de la información. Independencia de criterios y libertad de expresión.

Que no haya persecución ideológica ni política a quienes se manifiestan en disidencia a las decisiones del gobierno.

Que se reconozcan los proyectos productivos y de autogestión que proponen e intentan llevar adelante las comunidades originarias y los pequeños poblados del interior de la Provincia.

Que las universidades no deben prestarse a manejos espurios transnacionales disfrazados generalmente de investigación académica y sostén financiero.

Que los cuerpos legislativos de todos los ámbitos atiendan todos las necesidades sobre la problemática social y ambiental, no respondiendo solamente a sus intereses partidarios, gubernamentales o empresariales. Dando cuenta de su gestión.

Finalmente concluimos:

Que el Estado es el lugar del bien común de los ciudadanos y como tal debe ser garante de que el desarrollo no coarte la vitalidad de los ambientes, la calidad de vida de los habitantes y asegure un entorno sano para las generaciones que nos sucederán.

Que deben imponerse en todo momento los principios republicanos, la división e independencia de poderes y que cada uno de ellos sea representante fiel de la voluntad de los ciudadanos del Estado.

Que es imprescindible una revisión y modificación de la normativa legal que involucra los recursos naturales y su explotación beneficiando más a las empresas que a la Nación generándose situaciones que fomentan la corrupción, el abuso y la violencia.

Que debemos alertar sobre el desarrollo histórico de políticas que tienden al despojo sistemático y estratégico de los recursos naturales de la periferia global.

Que entendemos imprescindible y necesaria la participación de todos los habitantes en la búsqueda de un Estado que funcione garantizando la independencia económica y la soberanía política.

La necesidad de revalorización de los principios humanitarios en contraposición a un modelo consumista que hace prevalecer el lucro sobre la dignidad, la pobreza sobre la equidad y el enfrentamiento sobre la hermandad.

Expresamos nuestra solidaridad hacia todos lo grupos de ciudadanos autoconvocados que entienden a los recursos naturales como bienes naturales comunes y que se movilizan en su defensa.

Para mayor información:

Dr. Miguel Webb, médico pediatra (Comodoro Rivadavia)

Tel.: 0297-4463434

E-mail: webbacua@yahoo.com.ar

Humberto Kadomoto (Esquel)

Tel.: 02945-15680916

E-mail: hkadomoto@coop16.com.ar

Javier Rordriguez Pardo

Tel.: 011 1567485340
machsepa21@hotmail.com

www.renace.net

Administración fraudulenta: condenaron a quienes intentaban desalojar a los Apablaza

Por Ministerio Público Fiscal

Adria Nahuelcheo fue considerada autora del delito, en tanto que su concubino, Luis Alberto Benítez resultó declarado partícipe necesario. En un fallo unánime los magistrados convalidaron acusación alternativa sustentada por la Fiscalía y la Querella. Nahuelcheo y Benítez se beneficiaron adquiriendo el campo de la familia Apablaza, abusando del poder de administración que el padre de familia cedió en confianza a la primera. Los Jueces consideraron que el dinero de la transacción, de por sí un monto muy inferior a los valores de plaza, nunca fue abonado. La Oficina Judicial deberá fijar fecha para la realización del juicio en el que se debatirá la pena a imponer.

La lectura se inició a las 18 hs. del miércoles y finalizó pasadas las 20:30 hs. En tres extensos votos, los Dres. Cristina Jones, Jorge Eyo y Víctor Sarquís, hilvanaron prueba testimonial y pericial. La riqueza de los testimonios ofrecidos permitió a los magistrados dilucidar lo que pasó por la mente y el corazón de Don Alfredo Apablaza, ya que este perdió la vida el mismo día en que se realizaba la audiencia preliminar y nunca conoció el resultado del juicio que promovió con su demanda. Según el médico familiar, Don Alfredo se deprimió profundamente al conocer que Adria había vendido su campo y quería desalojarlo a él y a sus hijos, eso – a criterio del profesional – habría precipitado su final.

El mandato

Una de las controversias planteadas entre las partes, es la referida a si Alfredo Apablaza era incapaz – como sostuvo la Fiscalía – para suscribir un poder como aquel que diera amplias facultadas de administración de la totalidad de sus bienes a la hija de su esposa, o se trató de un acto libre, realizado con conocimiento como propuso la Defensa de los imputados.
Los tres magistrados analizaron pormenorizadamente los informes médicos relativos a la atención, tratamientos y diagnósticos realizados a Apablaza desde su accidente cerebrovascular en adelante. En los informes del año 2005, se daba cuenta de un paciente de 70 años con ACV de cuatro años de evolución, comprensión de ordenes simples conservadas, comprensión de ordenes complejas: fallo en la decodificación del mensaje, se le debía repetir la orden varias veces para que logre ejecutarla correctamente, comprensión en el diálogo, fatiga, entre otros parámetros tomados.
El Dr. Jorge Eyo sostuvo a este respecto en su voto que “por su extensión y tecnicismo el poder (otorgando facultades amplias a Adria) apreciado según las reglas de la sana crítica, constituye un acto sumamente complejo que para su comprensión integral exige un alto grado de concentración en el técnico en la materia que escucha su lectura y que para el hombre medio lego, su comprensión integral en estas circunstancias no resulta posible si no le es explicado su alcance en cantidad de sus puntos por un técnico en la materia. Desde un punto de vista médico, el Dr. Omar Héctor Leo a preguntas que se le formularon, consideró el otorgamiento del poder como un acto complejo”.

Negligencia

El magistrado se refirió a los dichos de la Escribana que certificó la firma de Alfredo Apablaza (su impresión digito pulgar, hecha ante dos testigos) indicando que leyó el poder y explicó los alcances del mismo a los otorgantes, previo a la firma. En este punto es de destacar que la profesional indicó que en ningún momento les hizo referencia que el poder habilitaba a vender inmuebles porque nunca se había hablado de esta posibilidad durante los contactos previos que tuvo con Adria Nahuelcheo desde que le fuera encargado confeccionar el poder. Los magistrados emplearon términos tales como “imprudente” y “negligente” al referirse al accionar de la notaria que uso un modelo tipo de poder que dejó abierta esa posibilidad de venta, sin adecuarlo a las particularidades del caso.
Los Jueces entendieron que si Alfredo Apablaza luego de haber concurrido al servicio de quinesiología y a terapia ocupacional, tenía conservada la comprensión de orden simple y fallas en la comprensión de ordenes complejas “no me cabe ninguna duda razonable de que mas de tres meses antes, el 30 de marzo de 2005, que es la fecha en que otorgó el poder, si tal como quedó probado la notaria no le explicó que el poder habilitaba a vender inmuebles, no tenía capacidad para comprender de la lectura en ese acto, los alcances del poder que otorgó en esa oportunidad”, recalcó Eyo.

También la reacción posterior de Don Alfredo, al informarle su sobrina que Adria había vendido y debían desalojar el campo, fue un indicio más de su desacuerdo con lo realizado. Apablaza estaba en Puerto Madryn y regresó inmediatamente a Epuyén para asesorarse y ver si había algún modo de dar marcha atrás.
“Por lo expuesto considero probado que Alfredo Apablaza carecía a la época de otorgamiento del poder, de plena capacidad para administrar sus bienes y era consecuentemente incapaz para otorgar el poder en cuestión”, expresó el Dr. Eyo.

Abusó

La Dra. Cristina Jones indicó que es cierto como dijo la Defensa, que la imputada hizo algo que estaba contemplado dentro de las facultades que le otorgaba el poder. “Pero se trataba fundamentalmente de un poder de administración, y así había sido propuesto por Adria al matrimonio Apablaza – Nahuelcheo, con la declarada intención de ayudarlos en tareas derivadas de la administración del patrimonio como era el pago de los impuestos. Y en ese ámbito de administración pueden caber los arreglos en la casa, la recuperación de los vacunos que habían sido llevados a Cholila y del dinero” que el matrimonio habría dado en préstamo a un tercero. La Dra. Jones resaltó que la administración de los bienes era el objetivo acordado. “También resulta ineluctable que nunca se habló de vender, tres de los hijos de Apablaza vivían en el campo, ya que el padre les había cedido una parcela para que construyeran su casa”. Leer más

Publicado por Puerta E en 10:12 AM