El Gobierno planea reformar la Ley 5001, que prohíbe “la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera”, en el próximo mes de abril y si obtiene el triunfo en los comicios generales programados para el próximo 20 de marzo. Las versiones más insistentes ya hablan de un supuesto acuerdo “extra-partidario” con la composición de la actual Legislatura, para darle luz verde a la reforma.
La Ley 5.001 fue sancionada un mes después del plebiscito de marzo de 2003, en el que la población de la ciudad chubutense de Esquel rechazó por amplia mayoría un proyecto de explotación de oro de la compañía también canadiense Meridian Gold, según precisó el especialista en temas mineros Luis Claps, en un artículo publicado en su blog “Oro Sucio”.
En el centro de la estrategia está el famoso proyecto “Navidad”, de un valor estimado en 3500 millones de dólares y ariete de otros proyectos, también multimillonarios, cuyo poder de lobby ya se hace sentir, subterráneamente como corresponde a la actividad, sobre la actividad política en Chubut.
Señales acerca de lo que se prepara ni bien termine el verano, hay en abundancia. Por ejemplo, el intendente de Gastre, Rolando Jara, aseguró que la empresa «está a la espera de la ley», refiriéndose al nuevo marco normativo que está definiendo el Gobierno, y que podría llegar a tratarse en la próxima gestión. «Ellos están listos para que cuando se les dé una señal, arrancan”, en declaraciones que formuló al diario El Chubut.
En la zona de Gastre, “me animo a decir que hay como cinco proyectos mineros además de Navidad, y estamos pisando arriba de oro, cobre, uranio, plata, de lo que pidan en mineral. Para el lado que vaya siempre hay una expectativa cuando andan los mineros, de que algo encuentran”, se entusiasmó el jefe comunal.
Como una influencia extra, pero poderosa también, se incluye al fenómeno de la prolongada sequía en la Meseta Central del Chubut, que ha colocado a mucho minifundistas y pobladores en la frontera de la indigencia.
Esas urgencias legítimas, pueden terminar dando soporte a otras urgencias, no tan santas. Las que provienen de buena parte de la dirigencia política, ansiosa por abrirle la puerta a los millones de las empresas mineras.
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