04/10/2011 | Los integrantes de Pastoral Aborigen y Pastoral Social de la diócesis de Comodoro Rivadavia hicieron pública su "profunda inquietud" por las nuevas versiones que anticipan una posible modificación a la Ley Nº 5001que prohíbe la explotación minera metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro.
Se transcribe a continuación el texto difundido:
Dado el escenario político que se ha creado en vista a la renovación de autoridades a nivel provincial, y las recurrentes versiones que indicarían un incremento de la exploración y explotación minera en la meseta chubutense deseamos recordar algunas cuestiones e interpelar otras.
Como Iglesia chubutense, junto a otros actores sociales con los que compartimos el mismo espacio de ciudadanía, somos partícipes desde hace años de la misma honda preocupación acerca de la política extractiva en nuestra provincia. Esta voz se ha mezclado e integrado con otras voces que sienten la misma inquietud y tienen los mismos anhelos de un desarrollo que sea humano, integral, solidario y sostenible para los pobladores de nuestra provincia. Y desde nuestra visión tanto cristiana como ciudadana, abordamos este desafío que trasciende lo exclusivamente religioso, para buscar de abordarlo de manera integral. Ningún aspecto puede quedar fuera, ya que afecta a todas las dimensiones del ser humano.
Es por eso que desde hace años, los obispos patagónicos y sus equipos de Pastoral Aborigen y Social, se han manifestado recurrentemente respecto de este tema, rechazando firmemente una política extractiva megaminera con uso de explosivos y de insumos tóxicos cuyo poder de contaminación y producción de desechos, sabemos, traen efectos devastadores hacia recursos como el agua, el suelo, el aire y la luz, que son bienes comunes.
La tensión provocada por la lógica de un sistema mundial de producción ha generado una cultura consumista que hemos de cuestionar terminantemente, para garantizar un futuro común para todos: los que estamos y los que vendrán.
Por ello, definimos como un retroceso al actual estado de situación de querer modificar el marco regulatorio adaptando una ley que fuera el fruto de una lucha y reivindicación de todo un pueblo como lo fue aquel histórico “No a la mina” de Esquel.
Consideramos que aún no se ha dado un debate que analice en forma integral, orgánica y accesible a todos, acerca de las consecuencias de este tipo de extracción para poder definir o no su rechazo. Salvo la notable experiencia colectiva de Esquel y de otras convocatorias recientes, no ha habido espacios de debate público destinados a la población en general y con la participación de funcionarios y legisladores responsables de las decisiones que se toman. Además debemos considerar las deficiencias del sistema de representación política cuestionado por su fragilidad y falta de transparencia.
Debe mencionarse el enorme esfuerzo de distintos ámbitos de la sociedad civil (foros, vecinos autoconvocados, comunidades mapuche-tehuelches, colectivos ambientales, entidades de derechos humanos y otros ciudadanos), y de esta propia Iglesia, junto a otras confesiones, que han movilizado y motorizado espacios de intercambio y concientización en pueblos y ciudades de la provincia, para el conocimiento de las consecuencias de esta actividad.
Pero consideramos que es deber ineludible del Estado garantizar el acceso a toda la información posible y en forma exhaustiva de las consecuencias inmediatas y futuras, de la actividad megaminera. Rechazamos de plano dejar sólo en manos de las empresas -transnacionales- la responsabilidad de la información, habida cuenta de los poderosos intereses en juego que regulan la óptica de sus acciones.
Es sabido por todos que esta minería afecta directamente “los Derechos de las comunidades aborígenes, alterando su hábitat, y poniendo en riesgo la base de su subsistencia centrada en la ganadería ovina y caprina, agrediendo su cultura caracterizada por el respeto a la naturaleza y el amor a la madre tierra como fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano”.
“La Constitución Nacional (art. 75, inc. 17) y la Provincial (art.34) establecen su participación en la gestión referida a los recursos naturales y en los demás intereses que los afecten”. Por su parte el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, protege el derecho a la existencia colectiva, a la identidad cultural, a la propia institucionalidad y a la participación” lo cual impone al Estado el deber de consultarlos obligadamente. Ellos deben ser los responsables y los protagonistas de su modo de vivir y de su cultura y de su destino. Aún no se han instrumentado los mecanismos que aseguren el respeto del derecho a la participación indígena, incluso facilitado los medios económicos necesarios y con los tiempos adecuados para que las instituciones representativas puedan ejercer estos derechos. Y esto es de indudable competencia del Estado.
Vemos cómo se quiere instalar un discurso único acerca de los beneficios de los emprendimientos mineros, como única tabla de salvación para el sustento de pobladores y para el resto de la provincia, cuando no ha habido una verdadera, continua y sostenible política integral a través del tiempo, que les permitiera lograr cierto bienestar y calidad de vida, lograda por ellos mismos. Y donde dicha sustentabilidad, autóctona y genuina a sus raíces, debiera darse a partir de diversas áreas de promoción del desarrollo a beneficio de todos sin excepción. Como, por ejemplo, la utilización del acuífero “recientemente descubierto” para el desarrollo de los emprendimientos ganaderos existentes y futuros.
Este hecho ha provocado la fragmentación de la población en general contraponiendo conceptos tan atractivos como “desarrollo” y ” progreso” al de “sentido ético”, el cual es descalificado por su aparente inutilidad material. Sabemos que en nombre del progreso se ha cometido mucho daño irreparable para el planeta. Todos queremos progreso, pero no a cualquier costo y menos si hace peligrar la vida de las futuras generaciones.
Pero insistimos en que es “necesario instalar una visión ético-espiritual, -la cual supera el plano religioso y es propiedad de todas las personas- de profunda raíz histórica, cultural y ancestral para acordar decisiones compartidas, de manera responsable y comunitaria, interpelando y oponiendo otro modelo distinto al provisto por el sistema donde el afán de lucro y de explotación hiere permanentemente a los recursos de nuestro planeta”.
Nuestra provincia podría liderar otro tipo de propuesta de un “desarrollo alternativo, integral y solidario”, basado en una ética que incluya la responsabilidad por una ecología natural y humana, superando la lógica utilitarista e individualista”, donde los poderes económicos, tecnológicos y políticos no se someten a criterios éticos.
Hoy necesitamos rescatar la actitud del cuidado y la protección como instrumentos para un “buen vivir”, como gesto amoroso que pretende preservar la herencia que recibimos del universo y de la cultura y garantizar verdaderamente un mejor futuro para todos.
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