lunes, 28 de diciembre de 2009

Comunidad Mapuche denuncia radicalización de represión judicial argentina

La vocera Mapuche, Moira Millán, de la provincia de Chubut en la Patagonia argentina, advirtió que un Fiscal libró una orden de captura contra pobladores originarios que llevan adelante una recuperación territorial.

NOTA CON AUDIOS


Territorio recuperado. Región Taquetren, Gastre, Chubut. Fuente: (Comunidad Lefimi)
Territorio recuperado. Región Taquetren, Gastre, Chubut. (Comunidad Lefimi)

Al menos uno de los integrantes de la Comunidad Lefimi podría ser detenido de un momento a otro debido a la orden de captura dictada por el Fiscal Miguel Ángel Santos, de la localidad de Puerto Madryn, provincia de Chubut.

Los pobladores originarios señalaron que esta situación plantea una persecución judicial al Pueblo Mapuche. Son quienes decidieron recuperar el territorio que les fuera quitado a sus padres a través de un engaño

Moira Millán explicó que el retorno de la familia Mapuche a la región recuperada se enfrenta con el megaproyecto de explotación minera a cielo abierto que impulsa la Pan American Silver Corp., cuyo principal accionista es el multimillonario Bill Gates.

Dijo además, que la actitud del Fiscal Santos presenta un nuevo escenario en las decisiones judiciales referentes a las recuperaciones territoriales en la provincia de Chubut.

La vocera Mapuche destacó que "están tratando de radicalizar la represión judicial" contra los pobladores originarios, imitando la política de la vecina provincia de Neuquén.

Los antiguos pobladores de la región Taquetrén, departamento de Gastre, fueron expulsados del territorio en 1980 luego de haber sido inducidos a firmar documentos sin saber leer ni escribir.

Ahora sus hijos, organizados en la Comunidad Lefimi, decidieron regresar al lugar donde nacieron y vivieron los primeros años de su vida, para defenderlo de la minería contaminante.

"Ésta recuperación territorial es emblemática, ya que no se trata solo del retorno de una comunidad a su tierra, sino que le arranca y obstaculiza superficie a explotar a la minera yanqui", sostiene un comunicado de los pobladores originarios.(PÚLSAR/FM La Tribu)

rt
22/12/2009
Audios disponibles:

Moira Millán, vocera Mapuche (presencia policial en la recuperación)
43 seg. (343 KB) archivo mp3

Moira Millán, vocera Mapuche (persecución judicial)
01 min. 01 seg. (484 KB) archivo mp3

http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=16471

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y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

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